El PP de Inca recrimina al alcalde que la crisis por la recogida de basura tenga un coste más de 670 mil euros. Los populares inqueros inciden en que “el Pacte no está haciendo bien los deberes, ni concediendo contratos a ofertas adecuadas en calidad y precio”. Félix Sánchez: "Como se dice coloquialmente, somos todos los ciudadanos los que acabamos pagando el pato".

El Partido Popular de Inca recrimina al alcalde de Inca, Virgilio Moreno, que la crisis por la recogida de basura en el municipio haya costado a los ciudadanos más de 670 mil euros. En este sentido, critica que “el Pacte no está haciendo bien los deberes, ni concediendo contratos a ofertas adecuadas ni en calidad y ni en precio”.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Félix Sánchez, destaca que “como se dice coloquialmente, somos todos los ciudadanos los que acabamos pagando el pato". “El Ajuntament acostumbra, como la vieja política, a adjudicar los contratos a la oferta más barata, sin valorar a fondo si esa oferta es adecuada o sostenible, en el tiempo de duración del contrato. Luego nos encontramos con casos como éste de la recogida selectiva o la contrata del Teatre Principal, que piden más dinero y el Ajuntament acaba cediendo”, añade Sánchez.

Con todo, desde el Partido Popular de Inca inciden en que “¿cómo es posible que en un concurso que se acaba de adjudicar en diciembre del 2017 ya se está modificando al alza pagando el Ajuntament, o sea, los ciudadanos?. ¿No asume la contratista el riesgo y ventura del negocio cuya gestión se le ha adjudicado?. Pues por lo visto no. Así en previsión de aumentos de costes de personal durante la duración del contrato, se fijó la cláusula número 6 de revisión de precios, en el Pliego de Condiciones Administrativas”.

“Nosotros no nos creemos que la UTE desconociera las peticiones de sus trabajadores. Un aumento de un 20% no se solicita de un día para otro. Es una petición que debe fundamentarse y justificarse y si la empresa ha accedido es porque estas circunstancias se dan. El aumento del 20% es justo y se fundamenta en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de estos trabajadores durante estos años de crisis económica”.

“Por tanto y en conclusión, ni la empresa ni el Ayuntamiento pueden alegar desconocimiento, más cuando una de las empresas competidoras que quedó segunda en la adjudicación del concurso, CESPA, presentó un recurso donde decía lo siguiente: ‘La diferencia entre las ofertas económicas de recurrente y adjudicataria estriba en los menores costes de personal y amortización de la maquinaria’”.

“Desde que se puso en marcha el Plan de Gestión de Residuos a finales del 2015 hasta que se adjudicó el contrato en diciembre del 2017 han pasado dos años. Dos años en los que la misma empresa LUMSA ha continuado prestando el servicio al prorrogarse el contrato año a año. Prórrogas excepcionales no recogidas en el contrato que finalizaba en diciembre del 2015. Prórrogas sin rebaja alguna a pesar de tener ya la empresa todos sus elementos amortizados, contenedores y vehículos, con el beneficio que para ella eso supone. Prórrogas donde la empresa retiró sin sustituir todos los contenedores de orgánica y no reemplazó ningún contenedor a pesar de que muchos de ellos estaban rotos y en mal estado”.

“Más de dos años donde se podría haber analizado la evolución de los costes de personal, dónde se podían haber realizado reuniones o entrevistas con los representantes de los trabajadores o al menos comprobar si lo había realizado la empresa encargada de realizar el Plan de Residuos, que incluía un estudio económico. ¿Comprobó alguien del Ayuntamiento si el estudio económico contemplaba un análisis de la evolución de los costes salariales del sector? Evidentemente no.

En conclusión son varios los agentes que pueden sentirse perjudicados, principalmente los ciudadanos, pero también la empresa que quedó en segundo lugar, CESPA, que ya advirtió en su recurso de esta situación y no se le hizo caso alguno”, concluye.