SENTENCIA REVOLVING

Sanahuja Miranda consigue que la Audiencia Provincial de Barcelona condene a una entidad financiera a devolver todos los intereses cobrados a su cliente

En un fallo clave para los afectados, el tribunal condena a Wizink Bank a devolver todos los intereses cobrados por falta de transparencia y tras considerar que no se informó adecuadamente sobre el sistema de amortización de la deuda.

Desde Sanahuja Miranda advierten que muchas entidades han comercializado estos productos sin garantizar una información clara a los clientes y animan a los afectados a reclamar los intereses pagados de forma indebida.

El despacho de abogados Sanahuja Miranda ha logrado una importante victoria judicial frente a Wizink Bank. La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado la sentencia de primera instancia y ha estimado el recurso presentado por el bufete, condenando a la entidad financiera a devolver a su cliente la totalidad de los intereses abonados desde la contratación de la tarjeta de crédito.

La sentencia de la Segunda Instancia de Barcelona (Sentencia 66/2025, de 6 de febrero) ha determinado que la entidad no entregó copia del contrato al cliente en el momento de la contratación, un aspecto clave analizado en profundidad por la Audiencia Provincial. El tribunal recuerda que ya se ha pronunciado en otras resoluciones recientes sobre las consecuencias jurídicas de la falta de contrato: “Si no hay constancia del condicionado general aceptado por la demandante, difícilmente podemos entender superado el control de incorporación. Es la entidad demandada la que debe acreditar que las condiciones contractuales superan dicho control”, recoge el fallo.

El tribunal también destaca la falta de transparencia en la aplicación de los intereses remuneratorios. En este sentido, la Audiencia Provincial recalca que es la entidad financiera quien debe probar que las condiciones generales sobre los intereses fueron explicadas con claridad al cliente, permitiéndole conocer el sistema de amortización de su deuda.

Un precedente clave para los afectados por tarjetas revolving

La resolución acoge además la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias 154/2025 y 155/2025, ambas de Pleno, de 30 de enero) y clarifica que para que un contrato de tarjeta revolving supere el estándar de transparencia debe contener la siguiente información:

• Tipo de interés real TAE y su impacto en la amortización de la deuda.

• Consecuencias de elegir una cuota baja frente a una cuota alta.

• Sistema de recomposición del crédito, es decir, cómo se renueva la deuda con cada cuota.

• Existencia de anatocismo, o la capitalización de intereses sobre intereses en caso de impago.

Además, la entidad financiera debe acreditar que informó previamente al cliente sobre estas condiciones y que evaluó su solvencia antes de conceder el crédito.

Sanahuja Miranda, en defensa de los consumidores

“El fallo subraya que las entidades financieras han comercializado este tipo de productos sin garantizar una adecuada información a los clientes”, señalan desde el despacho. Muchas de estas tarjetas fueron ofrecidas en establecimientos de consumo como gasolineras, tiendas de ropa y otros comercios, convirtiendo a los consumidores en “deudores cautivos” que, tras años de pagos, apenas ven reducida su deuda.

“Desde Sanahuja Miranda Abogados animamos a todos los afectados por este tipo de tarjetas de crédito a que se informen sobre sus derechos y reclamen los intereses abonados de forma indebida”, sentencian.

Sobre Sanahuja & Miranda

Sanahuja & Miranda es un reconocido despacho de abogados fundado en 1980. Cuenta con más de 40 años de experiencia y un equipo de 60 empleados de los que más de 45 son profesionales cualificados, abogados y economistas especializados en todas las áreas relativas al asesoramiento integral a particulares y empresas, y habiéndose posicionado como un despacho de referencia.

En particular, cuentan con capacidad y gran experiencia en asuntos relacionados

con derecho bancario y abusos y malas prácticas bancarias, contratos de compraventa, ejecución de avales de cantidades anticipadas para la adquisición de bienes inmuebles en construcción (Ley 57/1968), responsabilidades de los diferentes agentes de la construcción, así como del promotor y constructor, y defensa de ejecuciones hipotecarias, seguros de vida, entre otras.