El Govern inmoviliza una partida de minicalabacines procedentes de Sudáfrica. Agricultura, Pesca y Medio Natural continúa con la vigilancia sobre los productos de países terceros para evitar la competencia desleal y proteger a los consumidores. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha inmovilizado una partida de minicalabacines procedentes de Sudáfrica tras una inspección en un establecimiento mayorista de distribución de frutas y hortalizas.

Se han precintado los productos porque no presentaban el número de lote ni indicaban la fecha de caducidad o de consumo preferente. Esta información es obligatoria para garantizar la correcta trazabilidad de los alimentos y la seguridad en la comercialización.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que «los controles que se llevan a cabo de manera periódica tienen como objetivo verificar que todos los productos agroalimentarios que se comercializan en las Illes Balears cumplen la normativa vigente, especialmente en el caso de los que proceden de países terceros».

Llabrés ha subrayado que estas actuaciones «responden también a la demanda del sector de reforzar la vigilancia sobre los productos importados, con el fin de verificar que cumplen todos los requisitos comunitarios y evitar posibles situaciones de competencia desleal».

Estos controles forman parte de las actuaciones de inspección que la Conselleria lleva a cabo durante todo el año para proteger los intereses legítimos del sector agroalimentario y de los consumidores, así como para asegurar que se cumple la normativa en materia de calidad alimentaria y etiquetado.

Cabe recordar que la normativa vigente establece la obligación de que los alimentos comercializados incorporen la información necesaria para garantizar su trazabilidad, como el número de lote y otras indicaciones obligatorias para informar al consumidor, como las fechas de caducidad o de consumo preferente.

El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores. En el caso de infracciones graves, las sanciones pueden ir desde los 3.000 hasta los 15.000 euros o hasta cinco veces el valor del producto.