Plantillas deficitarias y discriminación retributiva caracterizan a las nuevas Oficinas de Justicia en el municipio que han sustituido a los Juzgados de Paz

CCOO denuncia que, con su creación en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se les han encomendado multitud de nuevas funciones con las mismas e insuficientes plantillas (especialmente en las localidades que atienden mayor población) y persisten importantes diferencias retributivas de su personal respecto al del resto de centros de trabajo de la Administración de Justicia

Todo el personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) percibe en las Oficinas de Justicia en el municipio (OJMs) mensualmente unas retribuciones inferiores a las del resto de personal de esta administración.

Asimismo, los puestos de jefatura, Secretarías en cada una de estas OJMs, no perciben el complemento específico que sí se cobra en los puestos de jefatura del resto de Oficinas Judiciales del ámbito de gestión directa del Ministerio de Justicia (Extremadura, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla); ni tampoco las retribuciones complementarias por la penosidad derivada de la práctica de notificaciones, embargos y desahucios fuera de la sede judicial o diligencias en los centros penitenciarios, que sí se retribuye en otros centros de trabajo. Tampoco se retribuye la atención al público, tarea esencial en las OJMs, que sí está reconocida económicamente en otros centros de trabajo. Por último, las personas que ocupan el puesto de Gestión/Secretaría, sustituyen sin retribución alguna a las de localidades cercanas en los casos de ausencias por vacaciones, permisos o bajas laborales.

El personal funcionario de los cuerpos Generales de la Administración de Justicia atiende las OJMs de las localidades de más de 7000 habitantes (salvo las que son cabecera de partido judicial) y también agrupaciones de municipios con menor población hasta un total de 355 oficinas en el ámbito no transferido (22 en Baleares, 24 en la Región de Murcia, 64 en Extremadura, 86 en Castilla-La Mancha y 159 en Castilla y León). Tienen asignada, en otras muchas funciones, la llevanza del Registro Civil.

El número total de personal de estas OJMs en el ámbito no transferido es de 888 (62 en Baleares, 69 en la Región de Murcia, 190 en Extremadura, 235 en Castilla-La Mancha y 332 en Castilla y León); en la inmensa mayoría de ellas una plaza de Gestión Procesal y otra de Auxilio Judicial, existiendo, en solo unas pocas, otra plaza de Gestión y una o dos de Tramitación Procesal, sin tener en cuenta, en muchísimos casos, ni la carga de trabajo ni el número de habitantes del municipio o agrupación.

En este sentido, los casos más sangrantes en las Islas Baleares son las Oficinas de Justicia Municipales de Calviá, donde se hace especialmente necesario la creación de una Ciudad de la Justicia dado que la Oficina de justicia Municipal de Calviá tiene una carga de trabajo inasumible y es imprescindible la constitución de varios juzgados que asuman competencias en materia civil y penal. En la misma línea, se hace constatar que el Municipio de Calviá ha crecido notablemente en materia de población teniendo un total de 53.793 habitantes. Aparte de dotar a la Oficina de Calviá de 2 Tramitadores Procesales más, es necesario la constitución de juzgados que asuman competencias en materia civil y penal. En las Oficinas de Justicia de Llucmajor y Marratxí, ha crecido notablemente la población en ambos municipios donde la carga de trabajo es inasumible con la plantilla actual de funcionarios en ambas oficinas de justicia municipales, por lo que, es imprescindible añadir 2 plazas del cuerpo de Tramitador Procesal en la oficina de justicia de Marratxí con una población de 40.422 y 2 plazas más del cuerpo de Tramitador Procesal en la Oficina de Justicia Municipal en el Municipio de Llucmajor con una población de 40.502 habitantes.

Para adecuar las plantillas al número de habitantes que atiende cada OJM, CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación de 72 nuevas plazas funcionariales en su ámbito de gestión (33 en Castilla-La Mancha, 17 en Castilla y León, 11 en la Región de Murcia, 9 en Baleares y 2 en Extremadura).

Por otra parte, entre las nuevas tareas que la Ley de Eficiencia ha asignado a las Oficinas de Justicia en el municipio respecto a las que tenían los Juzgados de Paz, figura la tramitación de asuntos judiciales que son competencia de los Tribunales de Instancia de su partido judicial, lo que está reflejado en las Relaciones de Puestos de Trabajo, asignando estas actividades compatibles a todos los puestos de las OJMs.

No obstante, CCOO consiguió durante la negociación de estas RPTs que el Ministerio de Justicia aceptará que “para establecer esta compatibilidad de actividades deberá realizarse un análisis de la carga de trabajo de cada oficina de justicia. La asignación de actividad compatible a cada oficina de justicia en el municipio, cuando la carga de trabajo lo permita, se realizará previa negociación sindical”, lo que, hasta la fecha, no se ha llevado a efecto.

Para la tramitación de estos asuntos es necesaria por Ley la participación de personal funcionario de todos los cuerpos generales (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial) y, en la actualidad, todas las OJMs disponen de personal de los cuerpos de Gestión y de Auxilio, pero solo 30 de las 355 existentes en los territorios no transferidos tienen en sus plantillas personal del cuerpo de Tramitación Procesal.

Es por ello que este sindicato exige la dotación de puestos de Tramitación Procesal en todas las OJMs a las que finalmente se asignen actividades compatibles, lo que supondría 325 nuevas plazas de este cuerpo en el caso de que se mantuviese esta asignación en todas las oficinas como recogen en la actualidad las RPTs.

Unas plantillas adecuadas a las cargas de trabajo y el reconocimiento profesional y retributivo del personal que mantiene este servicio público es lo que CCOO exige al Ministerio de Justicia para las Oficinas de Justicia del Municipio y sus trabajadores y trabajadoras, así como para el resto de Oficinas Judiciales y Fiscales, Registros Civiles y resto de servicios que conforman la Administración de Justicia.