El Govern sanciona con 60.000 euros a un particular por infracciones graves en materia de ordenación pesquera. Entre otras cosas, el infractor proporcionó datos falsos respecto del origen de los productos obtenidos y almacenó pescado sin pesar. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha sancionado con una multa de 60.001 euros a un particular por infracciones graves en materia de ordenación pesquera.

En concreto, el pasado mes de abril, el infractor fue denunciado por los inspectores de la Dirección General de Pesca por proporcionar datos falsos respecto del origen de los productos obtenidos en la actividad pesquera. Los inspectores se dieron cuenta que esta persona ya había sido denunciada en varias ocasiones por infracciones en esta misma materia, como no llevar a bordo tripulación mínima o llevar a bordo tripulantes que no figuraban en el rol de la embarcación y también almacenar pescado sin pesar.

Así, se constató que el infractor había acumulado tres denuncias en menos de 24 meses. Comprobados estos hechos, los inspectores no tan solo lo denunciaron por la infracción grave observada en el mes de abril, sino también por una infracción muy grave por acumular otras infracciones graves. En este sentido, el artículo 126 de la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Islas Baleares establece que constituye una infracción muy grave cometer tres infracciones graves en un plazo inferior a 24 meses.

A consecuencia de los hechos denunciados, en fecha 22 de agosto de 2024 se acordó la iniciación de un procedimiento administrativo sancionador contra el interesado por falta muy grave, el cual se ha resuelto en enero de este año con el pago de la multa por parte del interesado.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que «desde el Govern continuaremos haciendo campañas de control para el cumplimiento de la ley en materia pesquera, así como la normativa relacionada con los productos agroalimentarios. La finalidad principal es proteger los intereses legítimos del sector y de los consumidores y, al mismo tiempo, evitar el fraude y la competencia desleal».